Las condiciones del Acuerdo de París eran claras para su adopción y, por vez primera, atacaba directamente a la economía y los sistemas financieros. Por ello, la salida del Acuerdo de París de EEUU y su anuncio por parte del presidente Donald Trump el 1 de junio del presente año no ha supuesto una gran sorpresa para los Estados firmantes del Acuerdo. El presidente Trump cumplía así con las promesas de campaña en pro de los intereses económicos de su nación, sobre todo, a través de la activación de la minería del carbón.
Sin embargo, la decisión de EEUU no sólo ha supuesto un revés para las políticas de protección del medio ambiente a nivel internacional. El presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva –la denominada “Orden Ejecutiva de Independencia Energética”– para desmantelar la política medioambiental más significativa de su antecesor Barack Obama, que recortaba las emisiones de gases contaminantes por el sector del carbón en el que ahora el presidente estadounidense pretende centrar sus prioridades.
El sistema climático se caracteriza por ser un sistema complejo en el que destaca que no es regulable sino cambiante debido, principalmente, a que el clima en la Tierra nunca ha sido estático y ha sufrido alteraciones en el balance energético, sometido a variaciones en todas las escalas temporales desde decenios a miles de años.
Por ello, a lo largo de la historia del planeta, las variaciones climáticas más destacables han sido las correspondientes a los 100.000 años de periodos glaciares e interglaciares y, a día de hoy, la preocupación subyace en el conocido como cambio climático, que supone la variación global del clima en la Tierra.
Desde hace algunos años, construir una economía sostenible está en el centro de la agenda internacional a consecuencia de la celebración de las distintas convenciones fruto de la Cumbre de Río de 1992, pretendiendo la construcción de una economía sostenible capaz de satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
A ese respecto, la Unión Europea (UE) ha sido pionera en la lucha contra el cambio climático en el Protocolo de Kioto y con su objetivo 20-20-20 para su renovación. China ha adoptado su primera Ley de Impuesto de Protección del Medio Ambiente –EPT Law en sus siglas en inglés-, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Los organismos genéticamente modificados –GMO por sus siglas en inglés- son de gran interés para las sociedades de hoy en día, donde detractores y defensores esgrimen sus argumentos suscitando un escenario de controversia. Una mayor resistencia a los agentes externos y una mayor producción de más cultivos alimentarios en menos tierras contrasta con la posibilidad de mutación de los genes con efectos perniciosos o la transferencia de genes alergénicos.
Un total de 28 países en el mundo han producido cultivos modificados genéticamente, siendo China el sexto mayor productor de este tipo en 2015 después de Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá, de acuerdo con un estudio del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas -ISAAA con sus siglas en inglés-.
Cinco años después de la mayor catástrofe nuclear del presente siglo y la segunda más grave tras el escape radiactivo de Chernóbil (Ucrania), los efectos y las consecuencias producidas por tan severo accidente siguen ocupando titulares de todo el mundo.
Desde que un terremoto de 8,9 grados de magnitud en la escala de Ritcher cerca de la costa noroeste de Japón y un posterior tsunami afectaran gravemente la central nuclear de Fukushima Dahiichi, (región de Tohoku) la incertidumbre sobre la seguridad de las centrales nucleares y los daños causados al medio ambiente y a la salud humana ha reabierto el debate sobre el uso de esta forma de producción de energía.